Cadep

Ya hemos visto y oido en los medios de comunicación que están por entregar al congreso, el próximo presupuesto.  El Presidente dice que este va ser un presupuesto estructurado, para que el próximo presidente no tenga problemas.  El Ministro de Finanzas Públicas ya menciona una cifra como de 51 mil millones de Quetzales. 

El presupuesto de año es de 49,700 millones de quetzales, igual que el del año 2009, ya que los señores diputados no aprobaron el presupuesto y tuvieron que quedarse con el monto igual al presupuesto para el 2009.  Pero en el 2010, ya hubo una aprobación de bonos a finales del mes de abril, de 4,500 millones.

Esto significa que si la cifra de los 51 mil millones es la que aprueba el Congreso va ser un poco menor que el presupuesto de este año con los bonos incluidos.  Me parece extraño esto por ser un año electoral.  ¿O será que van a pedir a medio año 2011 otro endeudamiento?  ¿O serán capaces los diputados que no aprueban el presupuesto, así pueden hacer las transferencias de partidas que quieran?  Veremos qué sucede durante el mes de noviembre y qué pasa con el presupuesto. 

Esperamos que aprueben el presupuesto, que haya más dinero para educación, salud y seguridad que bien se necesita.  Y que los congresistas no se olviden de colocar los mil candados, para que después no se abran esas puertas llamadas transferencias.

Lucía Olivero

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Recientemente el gobierno británico anunció que uno de los recortes  que hará al presupuesto actual  incluye la supresión del UK Film Council. Esta entidad creada en el año 2000, tiene como función el  fomento a la industria cinematográfica con fondos públicos. La noticia ha causado un gran revuelo dentro del círculo de  productores, directores y actores, pues alegan que si se cortan estos fondos se dejará de producir cine británico de calidad, se afectará a la imagen del país y se perderán muchos empleos.  Los anteriores argumentos aparentemente altruistas  solo esconden la verdadera razón de su preocupación,  que pasa por perder sus altísimos salarios y los préstamos con mayores facilidades  de lo que el mercado les daría. 

En el corto plazo podría darse la situación que predicen ellos, pero si sucede es porque la sociedad así lo ha deseado, es decir que estos recursos no hubieran ido a parar en primer lugar a esa industria. Este subsidio  lo único que ha hecho es limitar  la posibilidad de nuevos emprendedores para conseguir capital, establecer nuevas empresas, crear mayor riqueza y eventualmente hacer de la industria del entretenimiento interesante para invertir. A lo larga se podrían haber alcanzado los mismos fines que hicieron surgir a esa organización sin afectar la administración espontánea de los recursos en la sociedad.

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La idea del gobierno como un contrato social, es decir, como el resultado de un acuerdo cuasi-unánime y grandioso entre los miembros de la sociedad, que desemboca en el nacimiento de la autoridad política en la existencia humana no es nada impopular. Por supuesto que esa noción se enfrenta a varias objeciones, tales como que el consentimiento no fue nunca expreso ni abarcó a todos los miembros de la sociedad.

En realidad, las Constituciones como la de Guatemala y la de los Estados Unidos han sido todas firmadas por grupos pequeños de personas, pero las normas que en ellas se encuentran regulan el comportamiento de todas las personas dentro de un territorio. Claro que hablar de legitimidad y representación no es poco importante, pero un contrato social tomado de forma literal no es más que una leyenda o un mito.
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La ola violencia en Guatemala es una realidad para cada persona que habita en el país, y al igual que otros problemas tiene su origen más lejano en un sistema de justicia inoperante.  Debido a  este hecho desde hace algún tiempo grupos de la sociedad civil, comunidad internacional y políticos han propuesto muchas soluciones para fortalecer el sistema de justicia actual.  Intervención en los procesos de elección, nuevas leyes y normativas anticorrupción, e incluso comisionados de la ONU hemos visto pasar sin que se vea a lo lejos una leve mejora del problema.

Parece ser que todas estas propuestas se han olvidado que reparando las goteras no se va a solucionar el verdadero problema, y que en este caso es el sistema de justicia mismo.  Se ha insistido en frenar la corrupción y buscar personas idóneas, lo cual es más que deseable, sin embargo en esta cruzada por la honorabilidad se ha dejado de observar que los incentivos  con los que nació nuestro sistema de justicia son los que lo condenan al fracaso.

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El Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas es como se le conoce hoy en día,  pero no fue ese el nombre como nació a la vida.  Allá por el año 99, Carroll Ríos de Rodríguez me invitó a juntarnos, un medio día, en alguna aula de la Universidad, porque nos iba a presentar un nuevo proyecto de la Universidad.  Ese proyecto era el Centro de Opción Pública.  En enero del 2000 con la venida a la Universidad, para recibir el Doctor Honoris Causa, de James Buchanan (a quién se le conoce como el padre de Public Choice), se inician las actividades formales del Centro. 

El Centro de Opción Publica (Public Choice)  fue el nombre original del CADEP.  Pero a Muso no le gustaba el nombre para nada.  Por muchos meses se estuvo debatiendo si el Centro seguía con el nombre o no.  Había unos a favor y otros que no estaban de acuerdo.  Por esa misma razón se invito a un debate entre Muso y Armando de la Torre sobre la palabra Public Choice.  Después de ese debate se le cambió el nombre al Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas (CADEP).  Por eso podemos decir que Muso participó desde un principio con el CADEP.

Muso nunca fue interlocutor de nuestros seminarios, pero nos acompañó siempre que pudo a los seminarios que se realizaron en la Universidad.  Allí lo vimos como público asistente.  Gracias por su apoyo, gracias por sus enseñanzas, el CADEP siempre lo recordará con cariño.

LUCIA OLIVERO GARCIA

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¿Un nuevo entrenador nos llevará al mundial?

Recientemente se ha contratado como entrenador de la selección nacional de fútbol de Guatemala al técnico, uruguayo – paraguayo, Ever Hugo Almeida, tal compromiso se ha pactado con el objetivo que sea éste quien se convierta en el artífice del tan anhelado “sueño nacional”, la clasificación a una copa del mundo.

A lo largo de más de cien años de historia que lleva a cuestas éste deporte, el más popular de Guatemala, los resultados que se han cosechado no son del todo alentadores, sobre todo si se toma en cuenta que es el único país centroamericano, cuyo deporte más practicado sea el fútbol, sin asistir a una justa mundialista. De igual forma, si la comparación la extendemos a nivel continental, encontramos que incluso países en donde predomina la práctica por otros deportes, como Jamaica y el criquet, Panamá con el beisbol y boxeo, han asistido a mundiales, tanto de selecciones mayores como juveniles.

Tal situación ha repercutido en que, tanto aficionados, como dirigentes deportivos, entren en una angustiosa necesidad de resultados positivos, lo cual, desafortunadamente, no se ha traducido en la aplicación de las disposiciones adecuadas para la consecución del objetivo deseado. Por el contrario, la medida utilizada, recurrentemente, por los directivos de la federación nacional de fútbol (Fedefut) ha sido el cambio constante de entrenadores, desfilando en el banquillo incluso alguno que cuenta en su palmarés con haber obtenido el campeonato del mundo, por ejemplo, Carlos Salvador Bilardo, campeón con Argentina en 1986 y subcampeón con la misma selección en 1990, suficientes méritos deportivos como para pensar que se ha tenido a la crema y nata a nivel mundial dirigiendo a los jugadores guatemaltecos, y sin embargo los resultados siguen siendo los mismos que con otros entrenadores; nacionales y extranjeros, aún no se clasifica al esperado mundial de fútbol. Read the rest of this entry »

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El Decreto del Congreso 19-2009, más conocida como Ley de Comisiones de Postulación, emitida el 21 de mayo del 2009 y publicada en el Diario Oficial el 3 de junio del 2009, supuestamente esta ley iba a transparentar la elección de los futuros servidores públicos.

La semana pasada se eligió al presidente de la comisión postuladora de nominar al nuevo Contralor General de Cuentas.  Los Rectores de las Universidades tenían que nombrar a la persona quien será el encargado de dirigir al grupo.  Salió electo el licenciado Estuardo Gálvez, quien representa a la Universidad San Carlos de Guatemala.

Inmediatamente oímos a la sociedad civil señalar la elección.  Difícil quedar bien con la población.  No es que esté de acuerdo con el nombramiento, pero la Ley de Comisiones de Postulaciones dice como se nombran a los participantes en las comisiones.  El artículo 6 de dicha Ley dice que en sorteo público y en la sede del Palacio legislativo será electo el presidente de la Comisión (a la elección que corresponda).  Así se decidió la elección del presidente de la Comisión de Postulación para elegir al nuevo Contralor de Cuentas de la Nación.

La Ley de Comisiones de Postulación, tiene un poco más de un año de vigencia.  Ya estuvo en 2 elecciones (la de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de los de la Carta de Apelaciones y la del Fiscal General  de la República y Jefe del Ministerio Publico).  En ambas elecciones la sociedad civil no quedo satisfecha con la labor que se realizó. 

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Cuando seguimos la pista a distintos procesos electorales en nuestro país u otros, nos damos cuenta que en todos lados los debates, las entrevistas y los anuncios a favor o en contra de distintos candidatos están repletos de acusaciones sin fundamentos, insultos, sentimentalismos y afirmaciones ligeras.  Se ve que la demagogia es un mal propio de las democracias maduras tanto como del subdesarrollo político.

La Real Academia dice que la demagogia es la degeneración de la democracia.  La define como aquella práctica política mediante la cual los candidatos intentan conseguir o mantener el poder, recurriendo a “concesiones y halagos a los sentimientos elementales de los ciudadanos.” O, en palabras de Abraham Lincoln, “la demagogia es la capacidad de vestir las ideas menores con las palabras mayores.”   Pero, si este tipo de discurso caracteriza a todo proceso electoral, ¿constituye realmente una degeneración de la democracia?  ¿O es más bien algo que debemos anticipar? ¿Por qué se recurre a ella?  Porque funciona; modifica el comportamiento de los votantes.

Tomemos como ejemplo un debate entre quienes se disputaban la alcaldía de Miami-Dade: el ex director de la policía, Carlos Álvarez, quien salió electo, y el comisionado Jimmy Morales.  Al ser consultados sobre la necesidad de ampliar el metro, Morales hizo una apasionada promesa de construir una línea de norte a sur, hacia vecindarios eminentemente Afro-americanos y latinos, y de oeste a este.  Álvarez fue frío: hay que enfocarse en la ruta oeste-este porque es la de mayor circulación y no hay recursos suficientes para ambas.   Álvarez “perdió” frente a Morales en este caso en particular, porque lució despreocupado por la población Afro-americana y latina.  Incluso podría haber sido acusado de racismo, elitismo, o favoritismo a los ricos…  En este caso,  este tema particular no determinó la elección, y Álvarez salió bien parado.

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El mercado político difiere del mercado económico por cuanto los compradores, que somos nosotros los votantes y ciudadanos, adquirimos “bienes y servicios” ex ante;  al momento de votar por un candidato, no sabemos si realmente implementará las políticas públicas que favorecemos.   Tampoco es factible entablar una queja si los productos provistos resultan fraudulentos, o si no materializan según se nos había anunciado.    En 1977, cuando era profesor en la Universidad Politécnica de Virginia, Mark Crain se propuso evaluar el impacto de la estructura de los mercados políticos en su estabilidad y en el comportamiento de los “vendedores” o políticos que ofertan bienes políticos.  Publicó sus resultados en la prestigiosa Journal of Political Economy.

El mercado político que sirve de base a su investigación es el sistema legislativo de los respectivos estados de Estados Unidos.   Allí los políticos son electos directamente por los ciudadanos y representan un distrito geográfico específico.  Además, pueden buscar la reelección varias veces, logrando una permanencia en el cargo en exceso del período electoral.   Acceder al puesto, aclara Crain, es como obtener derechos de propiedad temporales para operar el aparato político.

El autor argumenta que los diputados que pueden optar a la reelección tienen mayor incentivo a satisfacer las preferencias de los votantes en su circunscripción geográfica, en comparación con diputados que sólo pueden servir un período.  Los segundos, opina, serían irresponsables frente a las demandas de los votantes.

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